Detectives privados contra el fraude de plazas en los colegios concertados

El rechazo a la escuela pública agudiza cada año la picaresca de los padres para conseguir entrar en estos centros ? El último truco: alquilar una vivienda para acreditar la cercanía al centro escolar

Los ayuntamientos movilizan a la Policía local y muchos padres contratan detectives para desmontar las trampas.


MADRID- En los últimos dos años, los detectives privados han ganado clientela entre padres dispuestos a pagar hasta 2.000 euros por averiguar si el alumno que ha «quitado» la plaza a su hijo en el colegio que solicitaban ha cometido fraude. El presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados, Julio Gutiez, reconoce que este fenómeno está especialmente extendido en algunas comunidades, como la andaluza. «Los padres no aciertan a comprender cómo es posible que no hayan conseguido plaza para su hijo en el colegio que está frente a su casa y, sin embargo, haya sido admitido otro niño que vive en el otro extremo de Córdoba», dice ::::::: :::::, un detective que ahora trata de esclarecer un caso de estas características.
«Mis clientes no son gente adinerada, sino familias en las que los dos miembros de la pareja trabajan y les causa un gasto terrible enviar a su hijo a otro centro que no es el que tienen al lado. La mayoría investigamos ahora casos en los que se finge un domicilio que no es el habitual», añade. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que el año pasado sólo en Córdoba hubo casi un centenar de reclamaciones de padres que acusaban a otros de falsear datos.
Las irregularidades no sólo se han detectado en Andalucía. En Zaragoza, Educación investigó el año pasado más de 40 denuncias por manipular la documentación para obtener plaza en los centros Romareda, Marianistas y Agustinos.
A veces son los jueces los que tienen que dirimir sobre las plazas escolares. En Badajoz, en junio pasado, una quincena de familias recurrió para reclamar la admisión de sus hijos en el Colegio de los Salesianos después de que Educación dejara fuera a un alumno al considerar que el empadronamiento del menor era constitutivo de un «fraude de ley». El niño figuraba en el domicilio de unas personas con las que no tenía vínculo familiar, lo que se consideraba una irregularidad, pero el juez dio la razón a la madre del alumno, que presentó una demanda en la que argumentaba que no basta con decir que hay una irregularidad, hay que demostrarla. El juez consideró que la Administración debió aportar pruebas de que la residencia real del niño no era la que aparecía en el certificado.
El aluvión de solicitudes, especialmente en los concertados religiosos, donde no es posible absorber toda la demanda de peticiones, desata la picaresca en estas fechas, donde la mayoría de las comunidades autónomas han abierto o van a abrir en breve el plazo de solicitud de plaza. Muchos fraudes «clásicos» cobran vigencia y miles de padres empiezan su guerra particular por la plaza escolar. ¿Objetivo? Lograr el mayor número de puntos por ajustarse a unas variables que no todos los niños cumplen y que determina cada autonomía (hermanos en el centro, minusvalías, enfermedades metabólicas del alumno, renta, cercanía al centro...).
Uno de los últimos trucos es «alquilar una segunda vivienda en las proximidades del centro educativo elegido y empadronar al niño» para conseguir puntos por cercanía, explica un portavoz de la consejería andaluza de Educación. Pero «nosotros no podemos cuestionar un certificado de empadronamiento de un organismo oficial como es un ayuntamiento», explica. Así que, «se están dando casos en los que los alcaldes encomiendan a la Policía Municipal que compruebe si es real la vivienda habitual donde los alumnos acreditan vivir.»