Cárcel para un matrimonio de Ciudad Real por fingir para cobrar

EDCM/Efe
12/06/2009 .
La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a un total de 22 meses de cárcel a Miguel G.T, y a su esposa, María Encarnación P.G.C., 11 cada uno, como autores de un delito de estafa por simular el marido estado de incapacidad total, tras sufrir un accidente laboral, para cobrar una pensión.

Según la sentencia, la que ha tenido acceso Efe, los hechos juzgados comenzaron el día 19 de febrero de 2003, cuando Miguel G.T. sufrió una caída en el desempeño de su trabajo para la empresa "Ditrasa", produciéndose traumatismo cráneo-encefálico leve y una herida en la zona occipital, que no requirió ingreso hospitalario alguno.

El acusado, en connivencia con su esposa, decidió aprovechar esta situación para simular una serie de "síntomas mendaces" que parecieran derivados del accidente, para obtener la incapacidad laboral permanente absoluta y obtener una pensión.

Numerosas pruebas

A tal fin y a instancia de la Mutua de Accidentes de Trabajo "Fraternidad-Muprespa", fue valorado "en consultas de diversos especialistas y sometido a numerosas pruebas diagnósticas sin hallazgos de lesión neurológica".

Según recoge la sentencia, el procesado, que fingía encontrarse en "estado de total mutismo y aislamiento", obtuvo un diagnóstico psiquiátrico de depresión secundaria a traumatismo cráneo-encefálico, pese a lo cual, el 28 de enero de 2005, el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la prestación de incapacidad permanente.

En ese momento, los acusados decidieron dar un paso más "en su afán de enriquecerse injustamente" y reclamaron el reconocimiento judicial de la condición de gran invalidez y, subsidiariamente, la incapacidad permanente absoluta con incremento del 50 por ciento por ayuda de tercera persona, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la mutua Fraternidad y la empresa "Ditrasa".

Mayor solidez

Previamente, para obtener "mayor solidez" a su argumentos, los acusados, en fecha 4 de marzo de 2005, reclamaron judicialmente la declaración de incapacidad absoluta, lo que consiguieron, siendo designada como tutora legal la acusada María Encarnación Poveda.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 2006, durante el procedimiento abierto por los acusados contra la Seguridad Social y Fraternidad-Muprespa y, a instancia de esta última, se practicó testifical de detective privado y se comprobó, gracias al visionado de la grabación de la actividad del acusado los días 26 y 27 de septiembre de 2006, que podía llevar "un régimen de vida plenamente activo y dinámico".