Compra de datos protegidos

El 14 de febrero la policía alemana registró la vivienda del director general de Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, en busca de documentos que confirmasen que utilizó una fundación en Liechtenstein para minimizar el pago de impuestos en Alemania. Desde entonces los medios de comunicación se han volcado en la noticia. Sin embargo, las estructuras basadas en fundaciones en Liechtenstein no son una práctica ni mucho menos novedosa. De hecho, el Principado cuenta con varias características que lo han convertido en un paraíso fiscal utilizado habitualmente.

Por un lado, el secreto bancario, que en la gran mayoría de los casos hace imposible que las autoridades de cualquier estado puedan obtener información sobre cuentas y transacciones de personas o entidades que estén siendo investigadas (por temas fiscales o de otro tipo). Por otro lado, cuenta con una regulación fiscal que prácticamente exime de tributación las ganancias patrimoniales y rentas de fuente extranjera.

Para optimizar el uso de estas dos características la figura más habitualmente es la de la fundación, un tipo de entidad separada totalmente de su beneficiario y dirigida por uno o varios trustees (Treuhänder). El trustee es una figura, inexistente en el derecho español, a la que se conceden poderes para que gestione, dentro de unos límites, la fundación. El beneficiario no interviene en la gestión y ni aparece en los documentos de ella.

La combinación de secreto bancario, separación fundación/beneficiario y trustee ha permitido a personas físicas residentes en otros países -entre ellos Alemania- beneficiarse de las ventajas fiscales de Liechtenstein.

Ello no supone ningún problema siempre que la persona física residente en Alemania declare a las autoridades fiscales de este país las rentas que obtiene la fundación de la que es beneficiaria. Sin embargo, haciéndolo se someten a tributación en Alemania, lo que anula cualquier ventaja fiscal lograda en Liechtenstein. Para evitarlo, en ocasiones no se declara en Alemania por la fundación en Liechtenstein, ni las rentas que ésta obtiene, lo cual sí es una práctica prohibida en Alemania. El secreto bancario y la confidencialidad de abogados y trustees en Liechtenstein hacen que el riesgo de esta opción haya sido tradicionalmente reducido.

Si la utilización de fundaciones en Liechtenstein no es reciente, tampoco lo son los intentos de los países de su entorno de acabar con ellas, o al menos de identificarlas para hacer tributar a sus beneficiarios. En los últimos años, tanto la UE como la OCDE han intentado combatir el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos, especialmente con iniciativas para mejorar el intercambio de información entre autoridades fiscales.

Además de participar en estas iniciativas conjuntas, las autoridades fiscales de Alemania han aplicado durante un periodo prolongado medidas unilaterales basadas en la obtención de información secreta facilitada por ex trabajadores de bancos y agencias de Liechtenstein cuyo objetivo es el lucro o la toma de represalias contra sus antiguos empleadores.

De hecho, gran parte del debate generado por la noticia se está centrando en si es lícito que las autoridades fiscales alemanas compren información robada para perseguir la evasión fiscal. Según el WirtschaftsWoche, un semanario alemán, el Gobierno habría pagado entre 4 y 5 millones de euros por una lista con datos de alrededor de mil personas que podrían haber evadido impuestos de Alemania mediante estructuras en Liechtenstein. Según la misma publicación, esta semana se esperan 125 redadas más en busca de información y las autoridades fiscales esperarían recaudar varios cientos de millones de euros en impuestos no pagados, intereses y sanciones gracias a la información contenida únicamente en esta lista.

La cuestión moral sobre la conveniencia o no de fomentar directa o indirectamente el robo de información sujeta a secreto bancario o profesional queda abierta. El análisis coste-beneficio de esta opción parece concluyente.