El CGPJ abre la mirilla a los detectives

Apoya que accedan a las bases policiales sobre maltratadores «si se pacta con Interior y se garantiza un uso adecuado»

A los juristas, abogados y expertos en violencia de género que empiezan a apostar por una mayor implicación de los detectives en la lucha contra este terrorismo que lleva 17 asesinadas en lo que va de año se une ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, la integrante del órgano de gobierno de los jueces más especializada en este tipo de violencia. Inmaculada Montalbán,
presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del CGPJ, sostiene que los investigadores privados deberían tener
acceso a las bases policiales de datos donde están registrados los maltratadores «siempre y cuando se firmara un convenio con Interior
en el que se garantizara, mediante cláusulas de confidencialidad, que la información que los detectives demandan tiene un objeto
claro y concreto sobre una determinada persona».
Además, amplía Montalbán, «ese convenio debería garantizar también que el detective no podrá hacer un uso espurio de esa
información».
En declaraciones a EL MUNDO, e insistiendo en garantizar el «uso adecuado» de la información, esta jueza se muestra partidaria de revisar la situación actual e incluso apunta la posibilidad de que el cambio normativo necesario fuera simplemente técnico. «Habría que
mirar bien el nivel, pero imagino que estaríamos hablando de una modificación reglamentaria o de instrucción».
Antes de ocupar la presidencia del Observatorio, Montalbán ejerció como magistrada en algunos juzgados andaluces, lo que le aportó experiencia de calle para saber cómo funciona el sistema.
«Si un detective es contratado por un cliente y llama a la Policía para saber si esa persona tiene una orden de alejamiento, los agentes no le pueden dar esa información».
Así, la jueza cree que si el cauce se oficializa y aporta las garantías que ella demanda, debe darse luz verde, «porque ayudar a salvar vidas es lo más importante».
En su conversación con este periódico, Montalbán insiste en «delimitar muy bien el cambio», ya que en la actualidad sólo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen acceso a este tipo de bases.
«Es fundamental respetar la Ley de Protección de Datos, que establece un acceso controlado por persona y finalidad. Preservar la confidencialidad es clave. Yo no dudo de los detectives, pero es a los funcionarios públicos a los que se les supone objetividad y neutralidad.
Por eso, el acceso de los detectives a esa información solamente puede pasar por el consentimiento del Ministerio del Interior y sin vulneración de ley alguna».
El asunto fue planteado hace unos meses por distintas asocia-ciones de detectives, que contaron a este periódico los problemas con que se topan en su trabajo diario con respecto a la violencia machista. Y uno de ellos es la paradoja de que algunos hombres que han sido condenados por malos tratos y que cuentan con órdenes de alejamiento contratan a agentes privados para que éstos vigilen directamente a su mujer o, más sutilmente, lo hagan a través de sus hijos.
El detective se topa con un cliente que está en libertad, no lleva pulsera telemática de control y que, evidentemente, no le dice que es un maltratador. Y si ese profesional privado no tiene posibilidad de saber quién es en realidad su cliente estará poniendo en bandeja el lugar de residencia y los movimientos diarios de una esposa o una novia a la que ese agresor condenado no se puede acercar.
La reivindicación de los detectives ya ha logrado sumar adhesiones. La pasada semana celebraron el X congreso anual de la Asociación
Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) en La Rioja. Y allí, voces de la magistratura y, en voz baja y oficiosamente, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, apostaron por articular mecanismos que eviten esta situación de riesgo.
El fiscal jefe de La Rioja, Enrique Stern, no lo vio con malos ojos, pero aclaró que con la actual legislación sería imposible. Porque, como explicó, se puede vulnerar hasta la Ley de Protección de Datos. Apostó, no obstante, por estudiar fórmulas.
Más contundente se mostró el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano: «Por encima del derecho a la intimidad está el derecho a la vida». Este juez apostó por romper con las barreras que impidan al detective contar con esta información.

No pasa todos los días, pero tampoco son casos excepcionales. El colectivo de detectives privados de España ha trabajado para maltratadores desde el más absoluto desconocimiento. ¿Por qué? Porque no tienen manera de contrastar datos oficiales sobre sospechosos. Afortunadamente, en todos los casos han detectado algún indicio que les ha permitido poner freno a una situación que pudiera haberse convertido en peligrosa.
«A mí me contrató un maltratador », recuerda uno de estos profesionales de la seguridad privada que nos cuenta su experiencia. Pero
el buen ojo y, sobre todo, unas placas de aparcamiento, destaparon las maniobras de un hombre condenado a estar alejado de su ex
mujer por haberla apalizado.
«No fue hace tanto», recuerda. A su oficina acudió un hombre que estaba ya separado de su mujer y que quería que el detective
investigara la vida de su hijo. Quería saber dónde residía. El ex marido le explicó al detective que lo que quería averiguar era si su hijo
estaba bien atendido y qué vida era la que le estaba dando su expareja. En ningún momento contó que su intención oculta era localizar
a su ex mujer.
Tras la separación, la custodia quedó enmanos de su ex pareja. El detective, que recibe este tipo de encargos con mucha frecuencia, le
realizó una serie de preguntas con el fin de descartar las motivaciones ocultas. Pero el maltratador ni reconoció tener una orden de alejamiento ni mucho menos que su última intención era localizar de nuevo a su ex mujer. El detective no tenía elementos para comprobar
sus mentiras, no podía leerle en la cara sus intenciones.
Comenzó a investigar. El hombre podía visitar y estar con su hijo en un punto de encuentro fijado por la Justicia. Allí era llevado por una
mujer que lo recogía después de las horas que estaba con su padre. Esas reuniones se celebraban cerca de la puerta de Toledo, en Madrid.
En uno de los encuentros, el detective siguió al hijo, que iba acompañado de una mujer. Y llegaron a una localidad madrileña, a un bloque
de viviendas. Inicialmente, la intención del profesional de la seguridad privada fue tratar de averiguar quién era esa mujer, qué relación tenía con el hijo de su cliente, cuál era la calidad de vida de su hijo...
Como tantas y tantas veces, el detective se apostó en la zona pendiente de ver y observar los movimientos tanto de esa mujer como
del hijo de su cliente. Las horas pasaban lentamente, pero el detective observó unas peculiares placas de aparcamiento justo en la acera delante de la vivienda. Eran las habituales de prohibido aparcar, pero tenían unas extrañas siglas en la parte inferior.
Inicialmente no le resultaron familiares.
Pero es detective y no le gusta quedarse con la duda. Las conexiones inalámbricas, el ordenador, internet y sus gestiones le sacaron
de dudas y le provocaron una de las grandes sorpresas de su carrera profesional. Las placas delimitaban una zona para no aparcar
porque había un centro para víctimas de violencia de género.
No le quedó ninguna duda. Su cliente había sido condenado por maltrato y tenía una orden de alejamiento. El contrato quedó fulminado.
La información que había obtenido, embargada. Pero, sobre todo, quedaron los nervios a flor de piel, como bien recuerda en su conversación con ELMUNDO: «¿Qué hubiera podido pasar si no veo esas siglas en las señales de tráfico?». Y apunta más. «Si esa mujer no estuviera en un centro de acogida con su hijo, sino que hubiera estado oculta en uno de los pisos tutelados que están repartidos por Madrid para mujeres maltratadas, se habría podido llegar a una situación mucho más delicada».

me alegro que se empieze a apoyar la labor de los DP.

La verdad es que en los casos de maltratos es algo dónde un DP puedo dar todo su fruto y que se valore o apoye su trabajo

P.D Por cierto muy interesante el relato del caso de maltrato, y como el detective hace los seguimientos y observaciones. Cada vez tengo más ganas de empezar la uni

El asunto ya viene de hace algún tiempo, siempre ponen las mismas trabas legales, pero lo cierto es que si realmente quieren puden hacerlo y sería un bien mayor para la sociedad. Que no pongan excusas sobre la LOPD ni similar, cuando quieren resuelven estos asuntos al instante. Evidentemente nuestras funciones laborales son muy importantes para la sociedad y para el tema que nos ocupa, pero quienes gobiernan, sean quienes sean, no nos quieren dar facilidades en el trabajo aún cuando sea para ayudar y mejorar el sistema. Bien sea violencia de género o de cualquier otro asunto, nos tienen muy limitados.